Entrevista realizada por Victoria Muñoz de Texla Renovables
Hace ya casi más de año y medio que Catalina García Carrasco asumió la responsabilidad de liderar una consejería tan estratégica para el desarrollo energético como es la de Sostenibilidad y Medio Ambiente. Un ámbito decisivo para los promotores, ingenierías e inversores, donde la evaluación ambiental marca el ritmo real de los proyectos y condiciona su viabilidad desde las primeras fases de diseño.
Lejos de ser un mero trámite, la gestión ambiental es hoy uno de los elementos clave para que la planificación energética se realice con rigor, orden y visión de largo plazo. El reto, como reconoce la propia consejera en esta entrevista, ha sido claro: convertir la administración ambiental en un factor de certidumbre para el sector, y no en una fuente de incertidumbre para la inversión.
Desde 2022, la Junta de Andalucía ha resuelto 2.666 expedientes ambientales, muchos de ellos vinculados a proyectos de generación eléctrica, infraestructuras energéticas, hidrógeno verde o biogás, con una inversión asociada superior a los 30.800 millones de euros.
Solo en el ámbito energético, desde 2020 se han tramitado 1.467 expedientes de instalaciones eléctricas, de los cuales 803 han estado sometidos a autorización ambiental unificada, una cifra especialmente significativa en comparación con otras comunidades autónomas, como ella misma subraya.
En este contexto, la reducción de plazos de tramitación ha sido uno de los ejes estratégicos de la legislatura, un proceso que culmina ahora con la próxima aprobación de la Ley para la Gestión Ambiental de Andalucía. Esta norma establece plazos de resolución que oscilarán entre los cinco y seis meses, en línea con el impulso de instrumentos de simplificación como la Autorización Ambiental Unificada Simplificada (AAUS). Un avance relevante para el sector, que se traduce en menos duplicidades, mayor previsibilidad y más seguridad jurídica para planificar inversiones y cumplir calendarios.
Porque, como insiste García, “los conflictos no se evitan acelerando trámites, sino planificando mejor desde el principio”.
Con ella hablamos en esta entrevista para CLANER, del papel de la política ambiental en un momento de fuerte despliegue renovable, de coordinación administrativa, de planificación territorial, los primeros premios energéticos de Andalucía y de cómo compatibilizar inversión, protección del patrimonio natural y desarrollo energético en nuestra comunidad.
Andalucía es hoy una de las comunidades líderes en potencia renovable instalada en España y en atracción de inversión verde. Desde su responsabilidad como consejera, ¿qué balance hace de lo que lleva de legislatura en materia de sostenibilidad ambiental?
El balance es claramente positivo, sobre todo si lo miramos desde la óptica empresarial. Andalucía ha vivido en estos años una avalancha de proyectos energéticos, especialmente fotovoltaicos, y el reto era muy claro: que la administración ambiental no se convirtiera en un freno a esa inversión.
Este esfuerzo se ha hecho reduciendo los plazos medios de tramitación en 1,5 meses respecto a 2023, incluso en un contexto de entrada masiva de proyectos. Y eso se ha logrado sin rebajar el nivel de exigencia ambiental. Hoy Andalucía ofrece algo clave para cualquier inversor: reglas claras, procedimientos más previsibles y una administración que entiende que sostenibilidad y competitividad deben ir de la mano.
El pasado 5 de noviembre se aprobó el Proyecto de Ley para la Gestión Ambiental de Andalucía, actualmente en tramitación parlamentaria, que introduce cambios relevantes orientados a simplificar procedimientos y mejorar la calidad técnica de los expedientes. ¿Cómo va a impactar esta ley, en la práctica, en los plazos y en la seguridad jurídica de los proyectos renovables?
La ley va a impactar donde más lo necesita el sector: en la certeza. Hasta ahora, uno de los principales problemas no era tanto el contenido ambiental como la incertidumbre sobre plazos, informes o solapamientos administrativos. La Ley para la Gestión Ambiental de Andalucía viene precisamente a ordenar todo ese marco.
En la práctica, fija plazos claros y homogéneos —entre cinco y seis meses para las principales autorizaciones— y consolida en un único texto todas las reformas de simplificación aplicadas desde 2019, alineando la normativa andaluza con la estatal y europea. A ello se suma una mejor graduación de los instrumentos en función del impacto de cada actuación, incorporando figuras como la licencia ambiental, que sustituye a la antigua calificación ambiental municipal, y la declaración responsable de los efectos ambientales, pensada para actuaciones de menor incidencia y con efectos prácticamente inmediatos.
Además, se refuerza la Autorización Ambiental Unificada Simplificada, que ya está permitiendo que más de la mitad de los expedientes que antes se tramitaban por procedimientos más largos se resuelvan ahora de forma mucho más ágil. Para los promotores de proyectos renovables, esto significa menos duplicidades, mayor previsibilidad y más seguridad jurídica para planificar inversiones y cumplir calendarios.
En la imagen: Primer proyecto de carbono azul en España para capturar CO2 en la Bahía de Cádiz.
La nueva ley refuerza la planificación ambiental y el uso de herramientas técnicas para anticipar impactos y evitar conflictos territoriales. ¿Cree que este nuevo marco permitirá avanzar hacia un despliegue más ordenado de las energías renovables, reduciendo tensiones sociales y ambientales sin frenar la inversión?
Estoy convencida de que sí, porque parte de una idea muy clara: los conflictos no se evitan acelerando trámites, sino planificando mejor desde el principio. La nueva ley refuerza la planificación ambiental y el uso de herramientas técnicas para anticipar impactos, algo clave en territorios donde la presión sobre el suelo es elevada.
Además, este enfoque se verá reforzado con la revisión del Plan de Ordenación del Territorio de Andalucía (POTA), que está llamado a convertirse en el marco estratégico que ordene los grandes usos del territorio, incluidos los vinculados a infraestructuras energéticas, desde una visión global y coherente. Esta planificación territorial es esencial para evitar conflictos y dar certidumbre a largo plazo.
Un proyecto renovable bien diseñado, con información ambiental compartida y criterios claros desde el inicio, reduce tensiones sociales, evita retrabajos y gana estabilidad a medio plazo. Eso es bueno para el territorio, pero también para el promotor. La experiencia de estos años lo demuestra: muchos retrasos no se han producido por la exigencia ambiental, sino por ajustes tardíos derivados de una mala planificación inicial.
El nuevo marco ofrece reglas más claras y homogéneas para todos los actores y refuerza la participación y la transparencia, lo que ayuda a generar mayor aceptación social. En definitiva, ordenar no es frenar, es dar certidumbre. Y en un sector intensivo en inversión como el energético, la certidumbre es una ventaja competitiva de primer nivel.
Desde el sector energético se insiste en que, más allá de los cambios normativos, uno de los principales cuellos de botella está en la coordinación entre administraciones y en la duplicidad de informes y trámites. ¿Qué medidas está impulsando la Consejería para mejorar la coordinación entre los distintos órganos ambientales y energéticos y reducir estas duplicidades en la tramitación de proyectos renovables?
Aquí hemos pasado del diagnóstico a la acción. Uno de los avances más importantes ha sido la coordinación real entre los órganos ambientales y energéticos, especialmente a través de instrucciones conjuntas que han permitido clarificar procedimientos y evitar duplicidades, algo clave en proyectos renovables complejos. Estas instrucciones han servido para ordenar la secuencia de informes, unificar criterios técnicos y reducir los intercambios innecesarios de documentación entre administraciones.
Un buen ejemplo es la Instrucción Conjunta entre los órganos competentes en energía y medio ambiente, que ha sido determinante para cumplir los hitos estatales de conexión exigidos a los proyectos renovables: un 99% en el hito de septiembre de 2022 y un 92% en el de enero de 2023, cifras especialmente relevantes si se tiene en cuenta el elevado volumen de expedientes tramitados en Andalucía. Esta coordinación ha permitido que los proyectos avancen de forma paralela en sus distintos permisos, evitando bloqueos y solapamientos.
A este esfuerzo se suma una apuesta decidida por la digitalización de la tramitación ambiental. Hoy existen tramitadores específicos, herramientas de seguimiento y cuadros de mando compartidos que permiten conocer en tiempo real el estado de los expedientes, mejorar la trazabilidad y anticipar cuellos de botella. Esto facilita tanto el trabajo interno de la administración como la relación con los promotores.
Además, se va a reforzar de forma significativa la capacidad de gestión con la incorporación de más de 100 nuevos profesionales distribuidos en las ocho provincias, lo que va a posibilitar absorber picos de carga de trabajo muy elevados sin comprometer ni los plazos ni el rigor técnico. El objetivo final es claro: menos fricción administrativa, más coordinación efectiva y mayor seguridad para quien decide invertir en energías renovables en Andalucía.
“EL MONTE NO PUEDE SER UN ESPACIO INTOCABLE, PERO TAMPOCO UN TERRITORIO DESORDENADO. TIENE QUE SER UN ALIADO FRENTE AL CAMBIO CLIMÁTICO Y UN ACTIVO PARA EL DESARROLLO, TAMBIÉN EN EL NUEVO CONTEXTO ENERGÉTICO”
La aplicación de la Ley de Montes tiene implicaciones directas en la planificación territorial y en el desarrollo de infraestructuras en Andalucía. ¿Cómo se está abordando su encaje con los nuevos retos energéticos en un contexto de cambio climático?
La futura Ley de Montes de Andalucía parte de una idea muy clara: el monte no puede ser un espacio intocable, pero tampoco un territorio desordenado. Tiene que ser un aliado frente al cambio climático y un activo para el desarrollo, también en el nuevo contexto energético. Por eso, la ley actualiza una normativa de hace más de treinta años y la conecta con los retos actuales, desde la transición energética hasta la resiliencia del territorio.
En la práctica, lo que hace es dar reglas más claras para compatibilizar infraestructuras, usos forestales y protección ambiental. Se refuerza la planificación forestal, se apuesta por una gestión activa del monte y se simplifican muchos procedimientos, sustituyendo autorizaciones por declaraciones responsables cuando el impacto es limitado. Esto, como ya le apuntaba anteriormente, es clave para evitar bloqueos innecesarios en actuaciones vinculadas a infraestructuras energéticas o de acceso y evacuación.
Además, la ley incorpora de forma expresa el papel de los montes como sumideros de carbono, reconociendo la selvicultura, la restauración y la repoblación como herramientas de mitigación climática. Es decir, no hablamos solo de proteger, sino de gestionar mejor para absorber más CO₂, reducir incendios y hacer el territorio más resiliente, algo absolutamente alineado con los objetivos energéticos y climáticos de Andalucía.
Más allá de la normativa, la transición ecológica requiere un cambio cultural. ¿Qué iniciativas está impulsando la Consejería en educación ambiental y sensibilización ciudadana para que la sociedad entienda que sostenibilidad, energía y bienestar van de la mano?
La transición ecológica no se sostiene solo con leyes; necesita que la ciudadanía entienda por qué se toman determinadas decisiones y qué gana con ellas. Por eso, desde la Consejería estamos trabajando mucho en educación ambiental y sensibilización, tanto desde la escuela como desde el día a día de la gente.
Un buen ejemplo son los programas de educación ambiental vinculados a los espacios naturales protegidos, que hoy funcionan como auténticos laboratorios de sostenibilidad. Centros de visitantes, aulas de la naturaleza y equipamientos interpretativos se están modernizando para explicar, de forma muy práctica, cómo biodiversidad, energía, agua y bienestar están conectados. Ahí entran actuaciones como la mejora de centros en Doñana, Sierra Nevada o Sierra de las Nieves, o proyectos de eficiencia energética en refugios y equipamientos públicos.
A esto se suman programas específicos como ‘Educabus’, que acerca la educación ambiental a municipios de toda Andalucía, o el ‘Kit Sostenible’, orientado directamente a empresas y pymes para ayudarles a integrar la sostenibilidad en su actividad diaria.
Y, además, hemos dado un paso más con dos campañas publicitarias de gran alcance, tanto en medios como en redes sociales: una centrada en la protección de los espacios naturales y otra en fomentar el reciclaje y la economía circular. El objetivo es claro: que la sostenibilidad deje de percibirse como una obligación y se entienda como una palanca de bienestar, empleo y calidad de vida.
A todo ello se suma la labor divulgativa y de sensibilización que realizan los medios de comunicación públicos, especialmente quisiera nombrar a Canal Sur Televisión y Canal Sur Radio, con programas de referencia como Espacio Protegido y Tierra y Mar en televisión, o Cambio Climático en radio, que acercan de forma didáctica y rigurosa la realidad ambiental de Andalucía a la ciudadanía. Agradecimiento que se hace extensible a todos los medios que contribuyen a este esfuerzo colectivo, ayudando a generar una mirada más informada y responsable sobre la sostenibilidad y el cuidado del entorno.
El debate público sobre energías renovables y biodiversidad sigue generando posiciones encontradas. ¿Cómo está contribuyendo la política ambiental de la Junta de Andalucía a anticipar y minimizar posibles afecciones al patrimonio natural en el marco del desarrollo de la transición energética?
Aquí es importante explicar bien cómo funciona la realidad administrativa, porque muchas veces el debate público no refleja lo que ocurre de verdad. Cuando en Andalucía se tramita un expediente de autorización ambiental, no hablamos de un trámite superficial ni rápido. Hablamos de procedimientos que pasan por numerosos técnicos especializados, de distintas disciplinas, y que analizan absolutamente todo: ubicación, afecciones a flora y fauna, conectividad ecológica, paisaje, suelo, agua o compatibilidad con figuras de protección.
De hecho, muchos expedientes se demoran años precisamente porque se revisan con enorme detalle y porque cualquier afección potencial se estudia, se corrige o, directamente, se descarta. Si un proyecto energético o industrial compromete un espacio protegido o genera impactos no asumibles sobre el patrimonio natural, no sale adelante. Eso es así de claro.
Además, el nivel de exigencia ha ido aumentando. Hoy no solo se evalúa el impacto, sino que se imponen medidas preventivas, correctoras y compensatorias cada vez más estrictas, que las empresas deben ejecutar en el propio territorio donde se implantan. Estas compensaciones ambientales forman ya parte estructural de los proyectos.
Por eso podemos afirmar con rotundidad que, con los procedimientos actuales, el patrimonio natural andaluz no está en riesgo. La transición energética avanza, sí, pero lo hace con reglas claras y con la biodiversidad como límite irrenunciable.
“PREMIOS COMO HORIZONTE SOSTENIBLE REFLEJAN UN ECOSISTEMA EMPRESARIAL QUE ENTIENDE QUE ENERGÍA LIMPIA, INDUSTRIA Y SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL FORMAN YA PARTE DE UNA MISMA ESTRATEGIA DE DESARROLLO PARA ANDALUCÍA”
Los municipios juegan un papel cada vez más relevante en la aceptación y desarrollo de proyectos vinculados a la transición energética. ¿Cómo está reforzando la Consejería la colaboración con las entidades locales desde el ámbito ambiental?
Los municipios son actores fundamentales de la transición energética y ambiental, y desde la Consejería de Sostenibilidad y Medio Ambiente creemos que, sin ayuntamientos fuertes y acompañados, esa transición no será posible. Por eso, una parte muy relevante del esfuerzo de esta legislatura se ha dirigido precisamente a reforzar su capacidad técnica, financiera y operativa.
En materia de economía circular, la Junta ha movilizado más de 164 millones de euros en ayudas a entidades locales para mejorar la recogida separada y el tratamiento de residuos, con especial atención a los biorresiduos, una de las principales exigencias normativas europeas. Estas ayudas están permitiendo a muchos municipios implantar nuevos contenedores marrones, sistemas de recogida puerta a puerta, plantas de tratamiento o mejoras en infraestructuras existentes, con un impacto directo en la gestión local y en la creación de empleo.
En este ámbito, el Gobierno andaluz ha puesto en marcha 34 instalaciones de tratamiento desde 2019, con un presupuesto superior a 17 millones de euros, y ha destinado más de 20 millones a la clausura y restauración ambiental de antiguos vertederos, recuperando espacios degradados en municipios como Albox, Líjar o Castro de Filabres.
En paralelo, en el ámbito del cambio climático, se ha trabajado intensamente con los ayuntamientos para que cuenten con herramientas propias y recursos reales. En 2025, se entregamos los Planes Municipales contra el Cambio Climático a los 756 municipios andaluces de menos de 50.000 habitantes, y se han activado tres líneas de ayudas específicas, que en conjunto suman cerca de 7 millones de euros, para que las entidades locales puedan ejecutar medidas concretas de mitigación y adaptación. Estas ayudas están permitiendo desarrollar actuaciones como la renaturalización de espacios urbanos, la creación de sombras y refugios climáticos, la mejora de la eficiencia energética de equipamientos públicos o soluciones frente a riesgos crecientes como las olas de calor o las inundaciones.
Además, la simplificación administrativa y la digitalización de los procedimientos —con la incorporación de los visores climáticos— están facilitando que los ayuntamientos participen de forma más ágil en proyectos ambientales y energéticos, reforzando su papel como aliados clave en una transición energética que debe ser, necesariamente, territorial, justa y compartida.
Usted formó parte del jurado de la primera edición de los Premios de la Energía de Andalucía, Premios Horizonte Sostenible, impulsados por CLANER, desde su visión institucional, ¿cómo describiría el momento actual del sector energético andaluz?
El sector energético andaluz atraviesa un momento clave, de enorme oportunidad, pero también de grandes decisiones. Andalucía ha demostrado que tiene condiciones excepcionales para liderar la transición energética: recursos naturales, un tejido empresarial sólido y una cartera de proyectos muy madura. Hoy somos una de las comunidades con mayor potencia renovable instalada y con mayor capacidad de atracción de inversión vinculada a la energía limpia, al autoconsumo y a nuevas tecnologías como el hidrógeno verde. No es casualidad que se hable ya de las renovables como el petróleo que Andalucía nunca tuvo.
Ese liderazgo se está traduciendo en proyectos industriales de gran escala. Solo en el ámbito del hidrógeno verde, Andalucía concentra iniciativas estratégicas que suman más de 4.000 millones de euros de inversión prevista, con proyectos como el Valle Andaluz del Hidrógeno, llamados a convertir a la comunidad en uno de los principales polos de producción y consumo de hidrógeno renovable del sur de Europa. Estas inversiones tienen un efecto tractor directo sobre la industria, la logística, los puertos y el empleo cualificado.
Primera edición de los Premios Horizonte Sostenible, celebrada en junio 2025
Disponer de energía limpia, competitiva y abundante es, además, una ventaja decisiva para la industrialización sostenible de Andalucía. En ese contexto se enmarcan las ayudas por 154 millones de euros impulsadas por la Junta para industria y eficiencia energética, orientadas a mejorar la competitividad del tejido productivo y reducir su dependencia energética.
Ahora bien, para que todo este potencial se materialice plenamente es imprescindible resolver uno de los principales cuellos de botella: las infraestructuras eléctricas. Andalucía arrastra un déficit histórico, con cerca de un 40% menos de red eléctrica que la media peninsular, lo que hoy condiciona el desarrollo de nuevos proyectos energéticos e industriales. Por eso es clave una mayor implicación del Gobierno de España en planificación e inversión en redes.
En este sentido, Andalucía ha aportado más del 25% de la nueva potencia renovable instalada en España en los últimos tres años, pero en la planificación eléctrica estatal 2025-2030 solo se le asigna el 11,8% de la inversión prevista, atendiendo apenas el 23% de las actuaciones solicitadas por la Junta, una situación que es necesario corregir para no frenar el crecimiento y la transición energética en nuestra tierra.
Con todo, el sector energético andaluz vive un momento de madurez y ambición. Premios como Horizonte Sostenible reflejan un ecosistema empresarial que entiende que energía limpia, industria y sostenibilidad ambiental forman ya parte de una misma estrategia de desarrollo para Andalucía.
Entrevista realizada para CLANER
